El Gobierno es quien quiere permitir que percibir una pensión sea compatible con desempeñar un trabajo y cobrar un salario, con tal de que los trabajadores alarguen su vida laboral y sigan cotizando. Así lo ha propuesto el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, que comparece en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso. No obstante, esta opción sería sólo posible para los trabajadores del sector privado, es decir, estaría vetada para el sector público, si bien existen posibilidades de jubilación estarían así más endurecidas.
Una vez alcanzada la edad legal de jubilación, son los trabajadores -asalariados o por cuenta propia- podrían continuar en su empleo y percibir un porcentaje de su pensión. Cuando la persona cesara en su actividad definitivamente, recuperaría de forma íntegra su pensión.
Ahora por el lado de Burgos es la persona que ha asegurado que sólo unos pocos países de Europa mantienen la incompatibilidad total entre trabajo y pensión. Según cálculos de la Seguridad Social, si el 25% de los pensionistas se acogieran a esta fórmula y percibieran el 60% de su pensión (que no se revalorizaría), el sistema ahorarría 500 millones en tres años. En caso de que cobraran el 50%, la Seguridad Social ahorraría 800 millones. Hay que tener en cuenta que sólo la revalorización de las pensiones este año costaría unos 4.000 millones de euros.
No podemos dejar de mencionar que PERJUDICA A LOS TRABAJADORES MAYORES
De esto se trata que el diputado de UPyD, Álvaro Anchuelo, es la persona que ha lamentado que las propuestas “se centran mucho en el ahorro” que, “siendo importante, no puede ser el único objetivo” de una reforma de la Seguridad Social. Así, ha defendido la necesidad de alargar la vida laboral, pero “de forma voluntaria e incentivada”.
No olvidemos lo que sucede con respecto a la jubilación anticipada, ha coincidido en rechazar que la prejubilación se use como “mecanismo de reducción de plantilla a cargo de las arcas públicas”, pero ha alertado del peligro de que los mayores se queden sin opciones tras ser despedidos, por lo que ha reclamado “medidas para facilitar su retorno al mercado”.
Por el lado de el portavoz de Empleo de CiU, Carles Campuzano, también ha dicho que “esta reforma no es prioritaria ahora” dado que “la cuestión en el corto plazo es la situación del mercado de trabajo, la destrucción masiva de empleo, la no creación de empleo y la afectación a trabajadores de más edad”.
A su juicio, “si hoy existe una prioridad de alargamiento de vida activa de los trabajadores de más edad tiene que ver con el desarrollo de políticas públicas” que hagan frente a los problemas estructurales del colectivo, tales como la discriminación de en la contratación, la cualificación y la afectación de sectores en declive. “Cualquier propuesta de reforma de la Seguridad Social debe ir acompañado del desarrollo de esas políticas para no castigar a los trabajadores de más edad”, ha reclamado.
No olvidemos que lo que sucede finalmente, ha defendido que se mantenga la aplicación “progresiva” de cualquier cambio, tal y como se acordó para la ley 27/2011 y propició el apoyo de los agentes sociales ante una reforma que de forma generalizada se veía necesaria, pero de “difícil consenso”. “En cualquier caso, lo más razonable sería que nos diésemos tiempo para considerar si hay que reformar lo aprobado en 2011“, ha concluido.
