El Ayuntamiento de Córdoba no puede más a la hora de afrontar la prestación de servicios sociales ante los impagos de la Junta, lo que podría llevar en menos de un mes al despido de 70 trabajadores y el cierre de empresas relacionadas con estos servicios y de oenegés que se encuentran sin fondos para repartir la comida a domicilio.
Es el panorama desolador que presentó ayer el presidente provincial del PP y alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, en una reunión de los populares. En ella, anunció que en deuda ya vencida de 2011 y 2012 la Junta mantiene un débito con el Ayuntamiento de la capital y la Diputación en materia social de más de 18,2 millones.
Nieto admitió que, si la Junta suprime los programas que tiene en marcha y no cumple con los mecanismos de financiación comprometidos con el Ayuntamiento, entre otras cosas va a conseguir no solo que no se pueda ayudar a las personas en riesgo de exclusión, sino que haya 70 puestos de trabajo que se perderán porque están firmados para la ejecución de esos programas con contratos de obra y servicio determinados, y, si no hay ese trabajo, se extinguen.
Nieto reconoció, como ya apuntó Cruz Roja hace una semana, el repunte de focos de pobreza en áreas de la capital que nunca antes habían tenido que pedir ayuda a servicios sociales. Denunció que “las zonas que estaban antes regular ahora están mal, y las que ya estaban mal están aún peor”. En este sentido, trazó una relación directa entre las nuevas zonas de pobreza que aparecen en la ciudad con la falta de trabajo y la exclusión, de la que ya se ha alertado a la Junta, ya que se han comprobado situaciones límite en Ciudad Jardín, y en barriadas periféricas.
Nieto apostilló que la crisis provoca rupturas dramáticas de relaciones familiares, y “si la Junta elimina programas como el de la mediación familiar obligamos a los niños a entrar en una espiral dificilísima para reorientar su vida”.
El líder provincial de los populares denunciaba que la actitud lamentable, inexplicable e inexcusable de la Junta está progresivamente demoliendo este estado de bienestar. En este sentido, criticó que la Administración Autonómica se ha negado a realizar las reformas y la ordenación de sus gastos como se ha hecho en otros lugares de España. El resultado, a juicio de los populares, es que cientos de millones comprometidos por la Junta para políticas sociales tanto a entidades benéficas, ONGs, ayuntamientos, empresas dedicadas a las políticas sociales, diputaciones, que han sido adelantados, no terminan de llegar.
Abundó en el hecho de que, en muchos casos, el anuncio de la Junta es con carácter retroactivo, sin cubrir los costes que ya se han producido, dejando al límite a estas ONGs, a estas empresas de economía social, a los ayuntamientos y diputaciones.
Es una situación constante, a la que, aseguró Nieto, se responde como se puede. Sin embargo, los ayuntamientos de Córdoba y su Diputación han llegado al limite de lo que podíamos adelantar en política social, denunció, “y en los próximos días, habrá ayuntamientos o la propia Diputación que ya no podrán adelantar esa financiación”.
Nieto admitió que tiene que hacer frente a deudores de servicios propios, necesidades de abonos de nóminas municipales, el pago de los suministros básicos como luz y agua, por lo que no es posible adelantar estos recursos, competencia de la Junta.
