A falta de lo evidentemente necesario, que no son otra cosa que soluciones estructurales a largo plazo que aún no se vislumbran al menos en la perspectiva que debiera, parece ser que los parches temporales siguen siendo los únicos puntos de agarre a un problema tan acuciante en nuestro país como es el del desempleo de larga duración.
En muchas ocasiones hemos repetido en este mismo espacio esa frase ya tan desgastada de los millones y millones de currículum que la cifra millonaria de españoles en paro envían en busca de un empleo escaso y de difícil acceso, más en el caso de los parados de larga duración, que en definitiva es el grupo de desempleados que proporcionalmente más ha crecido en estos últimos años.
Uno de esos parches a los que nos referimos lo anunció recientemente la propia Comunidad de Madrid al destinar una partida de hasta 10 millones de euros con objeto de fomentar la contratación de parados de larga duración a través de una subvención directa a los empresarios que contraten a un parado de este perfil al menos durante seis meses.
El perfil objeto de esta subvención es el del paro de larga duración que haya dejado de percibir prestaciones, incluyendo en la subvención el concepto de ayuda salarial y ayuda en dirección a la formación del desempleado para mejorar su competitividad dentro del mercado laboral actual. El objetivo del proyecto pasa por alcanzar a unas 3000 personas en desempleo de larga duración en lo que se traduciría en una subvención que fraccionada vendría a equivaler aproximadamente unos 550 € mensuales (en un contrato de seis meses) por persona contratada.
Quedan aún algunas cuestiones por resolver dentro de esta propuesta como el período dedicado a formación que debe incluirse necesariamente en el contrato, que podrá ser realizado tanto por empresas privadas como por administraciones públicas u organizaciones no gubernamentales cumpliendo tan sólo ese requisito de perfil laboral y duración del período de contratación. En la presentación de estas ayudas la portavoz de la Comunidad citaba el 25% de la jornada dedicada a formación, pero, no figura de momento al menos como exigencia explícita al empresario.
